La difícil situación económica provocada por la pandemia de la COVID-19 ha motivado que el Gobierno haya adoptado decisiones excepcionales para tratar de mitigar sus efectos. A este respecto, una de las nuevas medidas anunciadas supone una flexibilización inédita en la historia: la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones.
Antecedentes de esta medida
Durante el mes de marzo, la Comisión Europea informó de que los estados miembros quedaban exentos de controlar su déficit, su gasto público y su deuda. Para ello, suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por medio de la cláusula general de escape, activada por primera vez en la historia del Eurogrupo.
Recientemente, el mismo organismo anunció que se mantenía la suspensión, al menos, hasta 2022. Esto ha permitido que las autoridades españolas hayan suspendido también sus propias reglas fiscales durante este año y el siguiente. Una medida que se aplicará cuando se apruebe el techo de gasto de los nuevos presupuestos generales del Estado.
¿Qué conlleva la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones?
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el principal beneficio de esta medida será que las administraciones autonómicas y locales podrán mantener sus políticas sociales y de estímulo económico. Asimismo, podrán emplear todos los recursos necesarios para proteger a la ciudadanía.
No obstante, cabe destacar que no se trata de una suspensión sin excepciones. Según la ministra de Hacienda, las comunidades siguen estando obligadas a acatar el principio de responsabilidad fiscal. Asimismo, se recomienda no superar un 2,2 % de déficit (respecto al PIB) para las autonomías, del que Hacienda asumirá la mitad.
Con un enfoque realista, se reducen las previsiones de mejora (respecto a antes de la pandemia) para el próximo año. De este modo, no se crearán objetivos de estabilidad, pues la propia senda de estabilidad queda derogada. El Gobierno se apoya, para todo esto, en la ley presupuestaria ya reformada en 2011, durante la anterior crisis económica.
A su vez, se debe invocar el artículo 135.4 de la Constitución por primera vez en la historia. En este sentido, la carta magna indica que, en caso de emergencia extraordinaria, se podrán superar los límites fiscales. Algo que debe contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados.
¿Qué supone para cada institución?
A la hora de analizar las consecuencias de esta inédita decisión, es importante hacer referencia a dos aspectos: las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estos últimos podrán utilizar su superávit, algo que ya intentó aprobar el Gobierno sin éxito mediante otros mecanismos legales.
Las primeras tendrán una mayor flexibilidad a la hora de afrontar la situación que marque los próximos años. De este modo, dispondrán de 16 000 millones de euros provenientes del fondo de ayuda nacional, a los que se sumarán otros 13 000 que se distribuirán a lo largo del año 2021.
En definitiva, la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones es una medida excepcional motivada por una situación nunca antes vivida. Se intenta, de esta manera, paliar las consecuencias de una crisis económica que, según los expertos, será más profunda que la de 2008, pero también menos duradera.
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